Ha surgido un debate sobre la viabilidad de los plebiscitos que termina mostrando algo que me parece que es clave en este momento: es ¿Quién trabaja para los intereses del Uruguay y quién está más preocupado por quedar bien con el sistema financiero? 

Entonces, que dentro del Frente Amplio y dentro del PIT-CNT hay contradicciones en ese sentido. Hay quienes están preocupados por eliminar el papel que está jugando el sistema financiero en el sistema de jubilaciones a través de las AFAP y quienes quieren mantenerlo.

No por casualidad el Frente Amplio gobernó 15 años y ese régimen siguió y ese régimen de las AFAP, la Ley 16.713 viene desde la época Sanguinetti, pasó por gobiernos de todos los partidos y sobrevivió a todo. Y estas declaraciones de figuras políticas son muy claras. Es decir, “no hay que enemistarse con el sistema financiero porque después se te complica la vida para ganar las elecciones”. 

Creo que a estas alturas eso hermana a todos los candidatos con chances de llegar al gobierno. Pone en evidencia algo que venimos diciendo desde hace tiempo sobre quién está gobernando o cogobernando el Uruguay. 

El capital financiero global es el que toma las definiciones sustanciales y los gobiernos no quieren contradecirlo. De alguna manera estos plebiscitos están poniendo… como todos tocan intereses financieros muy importantes, porque las AFAP son el sistema financiero, porque la usura es el sistema financiero y porque detrás de los contratos secretos está el sistema financiero. 

Entonces todos estos plebiscitos desafían una especie de regla no escrita, no declarada, pero que está en vigencia: «Si querés ser presidente, si querés ser gobierno, no te podes tirar contra los intereses financieros». 

Siguen firmando y todos están convencidos que pueden seguir firmando contratos en secreto y despachando todo lo habido y por haber, regalando todo lo habido y por haber, sin control ninguno. Y como a eso no se le pone límite ¿qué pasa? que empiezan a surgir iniciativas, desde distintos sectores ya sea de sectores políticos minoritarios o iniciativas ciudadanas, como son el proyecto del PIT-CNT y el de Uruguay Soberano. Son iniciativas que no surgen del sistema político sino de organizaciones sociales o de los ciudadanos mismos. 

Eso al sistema político le molesta. Y no le importa si son de derecha o izquierda. Le molestan todos. ¿Por qué? Porque está señalando su incapacidad para expresar demandas populares, reclamos populares y si esos plebiscitos tienen éxito, quedan en evidencia. Porque dicen: “Mirá, ustedes no querían resolver esto y la mitad de la población dijo tal cosa”. 

Entonces hay como un nerviosismo del sistema político de que el arrastre de esos plebiscitos genere también apoyos electorales a los sectores que apoyan tal o cual reforma constitucional. Entonces empieza a defenderse haciendo lo que hizo Orsi, por ejemplo, deslindándose, diciendo que no va firmar y aparecen juristas a cuestionar el derecho de los ciudadanos, en definitiva, a hacer su voluntad en materia constitucional.

¿Cuál es el efecto perverso de esto? Y bueno, que en el fondo se está instando, se le está dando manija -para decirlo claro- a la Corte Electoral, para que cumpla un cometido que no le corresponde. Es decir, es el sistema político reclamándole, dándole manija a la Corte para que bloquee lo que al sistema político le molesta. 

No hay ningún antecedente de una reforma constitucional que haya sido objetada por la Corte Electoral. Nunca la Corte Electoral dijo “No. Este texto no puede ser plebiscitado” o “Este hay que reformarlo”. Nunca. El texto no es problema de la Corte Electoral. Ni siquiera problema de la Asamblea General, ni del Presidente. El texto es decisión del 10% de los ciudadanos que lo firman y después la decisión final es de la mayoría de la población.

Cuando se aprobó la Reforma Constitucional del Agua, el actual artículo 47, no hubo dudas de que la población había votado ese artículo 47 y así lo reconoció la Corte, siendo retroactivo, etc. No entró a juzgar si estaba bien o mal porque no le compete juzgar si algo está bien. Y lo mismo la reforma que se hizo para que hubiese segunda vuelta en las elecciones. La Corte Electoral no podía decir “esto es más democrático” o “menos democrático”. 

Está bien que el que salió más votado después no sea presidente porque una coalición de otro… ah no pero eso no le compete a la Corte Electoral. La Corte Electoral no es juez de los procedimientos democráticos de una Reforma Constitucional. Solo tiene que verificar si las firmas están y si el proyecto fue presentado en plazo. Hecho así, va a plebiscito y se acabó.

Yo espero que la Corte de alguna manera, apelando a lo que ha sido su tradición, se niegue a jugar papel que le están pretendiendo exigir, el sistema político, de ponerse en juez de lo que se puede plebiscitar y lo que no se puede plebiscitar.

Aparte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, hay un poder que está por encima de ellos, que es el poder Constituyente de la población, del pueblo, del cuerpo electoral. Y ese poder es el que de alguna manera se va a poder pronunciar si estos plebiscitos prosperan. 

Entonces realmente me parece fundamental que entendamos eso y que dejemos de estar poniéndole a un organismo que es de contralor, que meramente tiene funciones digamos administrativas del fenómeno electoral, pero no la capacidad de decisión política sobre lo lo electoral, sobre lo planteado para la decisión popular; bueno que rechace cumplir ese rol que no le corresponde y que sería nefasto para la sociedad uruguaya.