Lo mismo sucedió con la vías del trencito de UPM, que nos costó 1000 millones, pero a la postre, por el financiamiento, pagaremos 2200 millones. Lamentablemente, hubo un error en los cálculos y terminaremos pagando más de 3000 millones, pero la clave, es que el pago de intereses es más del doble que el costo.
Prestar dinero a países del Tercer Mundo es el mejor de los negocios, en más de un sentido.

¿De dónde sale la guita para llevar a cabo Neptuno? Con toda obviedad no la pone el consorcio de transnacionales que la integran, así como UPM tampoco puso un mango. Ese dinero viene de un banco verde que impulsa políticas verdes llamado CAF y cuyo nombre actual es Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que teje una ingeniería financiera para involucrar a otros actores que no te sorprenderán.

A mediados del año pasado, Uruguay firmó un convenio de capitalización de siete mil millones de dólares con el CAF. Este convenio le permitirá al Banco “focalizar sus intervenciones en temas estratégicos como cuidado del medioambiente, pobreza infantil, protección de poblaciones vulnerables, seguridad hídrica, protección costera, gestión de inundaciones y sequías, integración física y comercial, infraestructura vial y ferroviaria, transformación energética, entre otros”.

Como puede verse, el capital financiero huele el agua así como Drácula huele la sangre. De los 294 millones, CAF pondrá 100 de manera directa, el resto, será otorgado por un fideicomiso creado por CAF, por lo que emitió “certificados de participación”. Aquí es donde entran las AFAP, las aseguradoras y los bancos, que se abalanzaron como hienas sobre esos certificados de participación.

Así que mientras los bancos, las aseguradoras y las AFAP recaudan fortunas, las invierten en negocios que significan que nosotros paguemos 506 millones de intereses, pero esto no es todo.

El Proyecto Neptuno es un disparate que comporta cinco riesgos: agua mala; pérdida de dinero; ruina de la OSE; violación de la Constitución; y, lo más grave de todo, apropiación por parte de una transnacional de un bien público, el agua. Por eso, y porque el gobierno entrante hizo campaña en contra, se plantea renegociar el disparate, pero hay un problemita llamado capital financiero, pues de manera expresa dice el contrato: “la modificación del contrato no podrá realizarse sin el acuerdo expreso de los acreedores financieros”.

¿Cuál es la síntesis? Es muy difícil negociar y renegociar con Drácula. El camino más simple y eficiente es cumplir con los contratos válidos según la ley y rechazar el cumplimiento de todo contrato que no esté conforme a la ley y que para colmo, sea una estafa al pueblo.